Prestar a las comunidades vulnerables del país asesorías jurídicas, que permitan desarrollar soluciones y alternativas que mitiguen el impacto de la violación de sus derechos, a través de las TICS, brigadas jurídicas, o encuentros dentro de las mismas comunidades, acogiéndonos a los lineamientos establecidos por la contingencia actual COVID-19 que presenta el país.